Por Sabrina Díaz Rato

En la agenda digital lanzada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 7 de mayo quedaron al margen de la discusión previa y del documento final las entidades y organizaciones del software libre, una omisión advertida por PuntoGov en su edición de octubre de 2008.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Paraguay y varios de la Unión Europea definieron sus estrategias a partir del software libre para los sistemas de información de esos Estados. Incluso en el propio Estado argentino, en sus diferentes niveles, también se incorporan herramientas de software libre para su funcionamiento, en especial en muchas de sus aplicaciones críticas. Se pueden mencionar al respecto los casos como los de AFIP, ANSES, la Municipalidad de Rosario, el Sistema Interuniversitario (SIU), la provincia de Misiones. 

En el documento base de la agenda digital quedó expresada en el punto cuarto de los Contenidos y Aplicaciones la “neutralidad tecnológica” en la que se basó la definición de los lineamientos para la incorporación de tecnologías en los organismos de la Administración Pública Nacional (APN). Y tras el supuesto “derecho a la libre elección de tecnología en la implementación de acciones de la agenda digital”, el texto hace referencia a dicha neutralidad para que la sociedad “pueda escoger la mejor opción posible”.  

Como señala Martín Olivera, de Solar, en la nota central de esta edición, “preocupa el sentido que se le quiere dar al concepto neutralidad tecnológica postulando que el Estado como tal no puede elegir y sus funcionarios deben comprar en el libre mercado”. Según Olivera, “el Estado debe tomar las decisiones más convenientes para el desarrollo integral del país, y garantizar a la vez los derechos humanos de la ciudadanía”. Esto habla más de un Estado con decisión política, no en uno neutral.  

La contradicción oscurece la mirada inquieta. Cuesta ver la autonomía del Estado a la hora de considerar las políticas públicas relacionadas con la sociedad de la información y el conocimiento en la Argentina. A esta altura, y si se observan otras experiencias como las de Brasil, Uruguay o incluso Chile, a nadie escapa que una agenda digital debería hablar más de objetivos, metas, organismos responsables con nombre y apellido, que a tecnologías asociadas a determinadas compañías. Ver a la Presidenta junto al gobernador bonaerense Daniel Scioli en un encuentro regional de Microsoft el 13 de mayo hace dudar a más de uno. No se puede tocar la orquesta con los fabricantes de instrumentos. 

¿Para qué queremos una agenda digital? En un contexto de crisis del sistema global, una agenda digital es más urgente que nunca porque contiene la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas, a través de políticas públicas tecnológicas que optimicen los sistemas de información de salud, para evitar epidemias; de educación, para incluir digitalmente a toda la población; y de justicia, para acelerar los procesos. O, si se quiere, desde el punto de vista productivo, las TIC pueden jugar un rol central en el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, de valor agregado, superadora de los paradigmas tradicionales basados en la exportación agropecuaria, minera o petrolera.