El parlamento aprobó el 8 de marzo en primera vuelta y en forma unánime la iniciativa, que también alcanza entes descentralizados y empresas con participación estatal.

La legisladora Arabela Carreras, miembro informante, explicó que el proyecto -de autoría de los oficialistas Pedro Pesatti y la ex legisladora y hoy diputada nacional Silvina García Larraburu- tiene consecuencias prácticas en la organización del Estado.

Carreras señaló que uno de los beneficios es el ahorro que el Estado realiza al no tener que abonar los montos que requiere la instalación de software propietario en las computadoras de sus dependencias.

“Estamos hablando del orden de los 1500 a 2 mil pesos por cada una de las computadoras que se legaliza el software que utilizan”, detalló.

Pero Carreras manifestó que la adopción de este sistema, más que por razones económicas, se debe a cuestiones de independencia tecnológica.

La legisladora recordó que el software libre permite el acceso al código fuente del programa, lo que implica que se pueden generar modificaciones y conocer el funcionamiento de la aplicación informática. Esto va a permitir adaptarlo a nuestras necesidades y además, promocionar la industria del software.

“La industria del software es una de las actividades que más creció en nuestro país en los últimos seis años, y en nuestra provincia podemos generar una actividad económica muy beneficiosa que equilibraría la balanza comercial”, destacó.

El legislador Darío Berardi, de la opositora Alianza Concertación para el Desarrollo (ACD), manifestó el acompañamiento de su bloque y mencionó como ejemplo que hoy todos los servidores de la ciudad de Viedma -la capital de Río Negro- “son de software libre” y que en muchos lugares del Estado, incluida la legislatura, ya utilizan programas de código abierto.

Pesatti, el titular del bloque oficialista (kirchnerista) agradeció el apoyo del gobernador Alberto Weretilneck y las universidades nacionales de Río Negro y del Comahue, e informó que, para su segunda vuelta, serán incorporadas al proyecto algunas observaciones enviadas por Richard Stallman, uno de los principales impulsores mundiales del software libre.

En su articulado, la norma prevé que el sistema informático garantice “la debida protección de la integridad, confidencialidad, accesibilidad, interoperabilidad, compatibilidad y auditabilidad” del procesamiento que se aplicará en todos los estamentos y poderes del Estado provincial, así como en sus entes descentralizados y empresas con participación estatal”.

Los fundamentos de la iniciativa explican al software libre como aquel cuya licencia garantiza a los usuarios el acceso al código fuente del programa y le proporciona el derecho irrestricto de usar o ejecutar con cualquier propósito, copiar, distribuir, cambiar y mejorar el software y publicar estas modificaciones, sin que se tenga que pagar regalías a los desarrolladores previos.

El proyecto fue presentado durante 2011 por Pesatti y García Larraburu, con asesoramiento y participación de Javier Barcena, observador de la Fundación Software Libre América latina y el propio Stallman.

Por el lado de las empresas tecnológicas locales, el subgerente de Seguridad Informática de la compañía estatal Alta Tecnología (ALTEC), Carlos Lugani, puso algunos reparos ante la iniciativa. Al hablar ante los legisladores reparó que el software libre está enfocado más en sistemas operativos, como Linux, y no para aplicaciones que pueden tener una propiedad de autor. “Quizás no haya un software libre para liquidación de sueldos, porque se lo puede comprar a alguien, por eso hay excepciones”, aclaró.

Para Lugani, la iniciativa apunta al recambio de sistemas operativos y herramientas de ofimáticas. “También van a haber aplicaciones que no podrán ser libres, que son aplicaciones compradas y que si alguien las puede desarrollar se cambian por aplicaciones libres”.

El contexto en que se registró la aprobación de la iniciativa tiene algunos puntos en común con el español. Mientras en el país europeo diferentes ayuntamientos decidieron en los últimos meses apostar por el software libre por razones económicas, por la depresión económica, en la provincia patagónica el gobierno actual, que asumió en diciembre pasado, heredó un Estado sobredimensionado e ineficiente luego de casi tres décadas de gobiernos radicales. Y como citó Carreras, los ahorros en este marco son muy bien bienvenidos.

García Larraburu y Pesatti explicaron que la ley establece que Río Negro adopte la utilización de software libre, estableciendo la mudanza gradual de todos sus sistemas en cada uno de los tres poderes. Los dos legisladores señalaron que la norma alcanzará también a la educación inicial y media.

La norma aprobada, que puede leerse aquí http://goo.gl/LZaaB, incluye definiciones explícitas de “programa o software”, “ejecución o empleo de un programa”, “usuario”, “código fuente o de origen o programa fuente o de origen”, y “software libre o programa libre”.

Sin embargo, en su artículo quinto, la ley abre una puerta para el software propietario. “En caso de inexistencia o indisponibilidad de software libre que permita dar solución al requerimiento planteado por la presente, la autoridad de aplicación podrá otorgar excepciones a su utilización conforme lo determine la reglamentación”.

El proyecto alcanza también cuestiones como la interoperabilidad. En todos los casos se debe garantizar la accesibilidad de los archivos y bases de datos involucrados independientemente del sistema utilizado, los que de ningún modo pueden estar sujetos a la utilización exclusiva de determinado software para su consulta o procesamiento.

Queda por ver, una vez sancionada en forma definitiva, cómo el Poder Ejecutivo provincial reglamentará las condiciones, tiempo y forma en que se efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de la ley y orientará en tal sentido, las licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación.