El informe ubica a la Argentina en el puesto 56° entre 190 países. El país supera el promedio mundial en los índices de “e-government”, servicios “online”, infraestructura y capital humano y e-participación. Pero en cuanto al promedio de Sudamérica se encuentra por debajo en el índice de e-participación.

Respecto a los líderes regionales, la Argentina está por debajo de Chile en e-government, de Colombia en servicios online y e-participación, y de Uruguay en infraestructura, y sólo lidera en capital humano.

Si se comparan los resultados de 2010 con los de 2012, la Argentina descendió 8 puestos en el ranking general, y este año está en 4° lugar en el ranking sudamericano, superado por Chile, Colombia y Uruguay.

PuntoGov habló con Carmen J. Gambín Vicente, coordinadora de Gobierno electrónico de la consultora especializada E-Stratégia Pública, y con Dante A. Moreno, jefe de Planificación del Centro de Sistematización de Datos (Cesida) del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Gobierno de provincia de La Pampa. También este medio publica otras opiniones sobre este informe, que puede ver en las secciones Entrevistas y Columnas en esta misma edición.

Para Gambín, los resultados de la encuesta reflejan “de algún modo que la Argentina continua indecisa en el desarrollo de una política integral de gobierno electrónico”. Recordó que en 2003 el país ocupaba el puesto N° 15 en el ranking mundial, del cual descendió hasta este 2012 al puesto N° 56. Esta caída “ha sido paulatina, lo cual muestra que a pesar de existir pequeños avances su repercusión no es suficiente para frenar el descenso”, apuntó.

En cuanto a la comparación a nivel sub-regional, especialmente con los tres países que obtienen una mejor puntuación como son Chile, Colombia y Uruguay, la especialista señaló que los resultados permiten reconocer que “cada país debe transitar su propio camino aunque es fundamental que la estrategia de Gobierno electrónico se convierta en una verdadera política de Estado y cuente con el liderazgo político, presupuesto y financiación acorde y con el equipo que la impulsará tanto hacia fuera como hacia dentro de la administración”.

Según Gambín, se identifica así en Argentina “la necesidad de otorgar al desarrollo de la sociedad del conocimiento y especialmente al gobierno electrónico de una mayor jerarquía en la estructura institucional, con una dependencia directa de los poderes del Estado”.

Para lograr “la inclusión de los ciudadanos a través de la participación en los procesos políticos, llegando a convertirse en usuarios y también co-productores de servicios públicos”, tal como el Informe de Naciones Unidas muestra que ocurre en otros países, la administración pública en la Argentina tendrá, para la consultora, que “sacudirse el miedo a iniciar la transformación que le permita superar obstáculos”. Entre esas vallas señaló “la descoordinación institucional, la falta interoperabilidad y abordar el desafío de la reorganización de los procesos de gestión.

Desde La Pampa Moreno expresó su acuerdo con el informe. En cuanto a información sobre el escenario nacional, y con el fin de comparar, reconoció que no encontró aún en la Argentina “un organismo y un cuerpo de información que sea abarcativo y sostenidamente regular en su publicación. Si hay informaciones parciales e irregulares en su periodicidad”.

Este dato no es menor, porque el informe de la ONU se basa en la evaluación de los sitios oficiales en Internet de los gobiernos de los estados miembros. Para ello, recordó el funcionario pampeano, se enfoca en la disponibilidad de información electrónica y prestación de servicios electrónicos que proveen. Estos servicios deben tener características interactivas, transaccionales y de participación electrónica que permitan conectar a los gobiernos y a los ciudadanos en una retroalimentación positiva.

Así, se llega a la clasificación publicada sobre los Estados miembros, utilizando el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés). “Es decir que podemos ahondar sobre las bases estadísticas que lo fundamentan, independientemente de si son o no las mas adecuadas para los países en general o para el nuestro en particular”, apuntó.

“Intento no ser ingenuo y desconocer que se producen sesgos en la toma de datos y en la evaluación y valoración de los mismos. Intereses hay en todo lo que hacemos, por tanto es necesario ver de que tipo son, si son coherentes con la misión de la institución y cuan trasparente es en lo que hace”, advirtió Moreno, quien afirmó que “es imprescindible que se publiquen los objetivos, métodos y procesos de obtención y procesamiento de datos primarios, por parte del organismo responsable de generar información. Luego es responsabilidad de quien los toma informarse sobre ese proceso, para luego tener la capacidad de interpretarlos correctamente y poder compararlos con otros que emitan otras fuentes”.

Avances y retrocesos

Gambín recordó que la Argentina “ha tenido siempre un lugar destacado en lo que se refiere al componente de capital humano”, aunque partía de una situación muy desfavorable en infraestructura que afortunadamente ya está cambiando. Es probable que el estancamiento en los resultados sobre servicios y e-participación se debiera en algún momento a esta baja conectividad”.

La especialista remarcó que hoy “parecen ser otros los factores que más inciden en los resultados del ranking”, aquellos de “tipo institucional y de coordinación, de tipo político u organizativo, de asignación de recursos de acuerdo a una estrategia integral, los que dificultan el desarrollo de una estrategia nacional, los avances en la prestación de servicios en línea y su entrega multicanal a los ciudadanos”.

Para la consultora, “la falta de continuidad en las agendas ocasiona también que experiencias destacadas” como las de los gobiernos de las provincias de Mendoza, San Luis y Misiones, o de la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “no sean capitalizadas por la Administración central”.

En lo que se refiere a la e-participación, para que hubiera efectivamente involucramiento de los ciudadanos en el gobierno, apuntó que “es imprescindible en el país la implementación de una sólida política de transparencia que permitiera al ciudadano realmente evaluar los proyectos y los resultados de las políticas públicas desarrolladas por su gobierno”.

Gambín elogió los esfuerzos realizados por algunos organismos del Estado que “continúan siendo referentes año tras año, como por ejemplo la ANSES, la AFIP, así como las políticas cuyo objetivo es la reducción de la brecha digital como el Programa Conectar Igualdad o la Televisión Digital Abierta, que sin duda son fundamentales para lograr la ampliación del uso de las herramientas de gobierno electrónico y que sus beneficios sean para todos accesibles”.

Moreno trazó un diagrama de avances y retrocesos en las diferentes variables del informe de la ONU en relación a la Argentina. En “e-government”, resaltó que “han surgido más actores relevantes a nivel nacional y federal que desarrollan políticas públicas de gobierno electrónico”, aunque reparó que “el esfuerzo realizado carece de un tronco común político-filosófico-tecnológico, está atomizado, descoordinado y sin los adecuados recursos económicos, diseño, despliegue, implementación, control y evaluación”. Y observó que “aún en el status quo predigital esta en la mente del gobernante que construye el presente soñando el futuro”.

En cuanto a los servicios “online”, el funcionario pampeano destacó que ha crecido la oferta de servicios, tanto públicos como privados, aunque “la mayoría es unidireccional y muy pocos transaccionales, menos aún con todo el proceso, incluido el pago, en forma electrónica”.

Para Moreno, existen dos obstáculos en el crecimiento de los servicios “online”: en el caso de los públicos, “la debilidad política y de las estructuras de datos y TIC de los gobiernos; y la insuficiente capacidad o competencia de los ciudadanos-usuarios de exigir y usar”.

En materia de infraestructura, señaló avances tanto del Gobierno Nacional como de algunas provincias, que han emprendido la ejecución de políticas e inversiones en este área (satélite, fibra óptica, Wi-Fi). “Al partir de un piso de infraestructura tecnológica muy bajo --redes de telecomunicaciones débiles o inexistentes; centros de procesamiento de datos escasos en recursos, inestables e inseguros; aprovisionamiento de energía eléctrica insuficiente, inestable e incluso inexistente, etc.-- los esfuerzos económicos, intelectuales, tecnológicos y humanos tardarán un tiempo en extenderse y elevar las posibilidades de impactar en las capas superiores”, afirmó.

Sin embargo, Moreno sostuvo que ante la decisión y acción ejecutiva gubernamental en la capa de infraestructura, “las empresas privadas han llevado sus inversiones a otras áreas de su negocio, expectantes de un escenario nacional históricamente declamado y pocas veces cumplido. La ausencia de una regulación acorde a la evolución tecnológica y de servicios atenta contra el desarrollo de inversiones en infraestructura y en servicios que la amortizaran y demandaran más infraestructura”.

En cuanto al capital humano, reconoció que “se ha puesto el tema en agenda de gestión de algunos gobiernos, el nacional y algunas provincias, quizás con menor prioridad que la necesaria, pero se han generado acciones”, pero consideró que “no se ha ido ha fondo en el espacio universitario”, donde “aún hay espacio para crear carreras de nivel tecnicatura, con contenidos actuales, salida laboral artículada con trabajo real en la última etapa, respuesta a demanda”. Y admitió que “los gobiernos provinciales aún no han tomado el tema con responsabilidad, salvo excepciones”.

Finalmente, en e-participación, recordó que en la reforma constitucional de 1994 algunas modalidades de participación ciudadana fueron introducidas en la Carta Magna. “Esto indirectamente podría haber ayudado al desarrollo de la e-participación, no ha sido así”. Para el funcionario pampeano, si se toma “la existencia de los migrantes y nativos digitales, podemos aventurar que los primeros, o gran parte, no han experimentado una participación en la vida político-social que quieran y mucho menos puedan practicar por medio de las TIC. Los segundos hace poco que tienen la edad para ingresar con derechos ciudadanos a la e-participación, a ellos hay que motivar, capacitar y empoderar para que lo demanden y lo ejerciten”. Sin embargo, advirtió que “en el mundo real no hay espacios, voluntad y muchos menos ejercicio de abrir iniciativas populares, referéndums, plebiscitos, revocatoria de mandatos, presupuestos participativos, audiencias públicas, por temas de real valía, donde se dispute poder, o mejor dicho donde se crea que da poder cultivar la participación. Tampoco hay un conocimiento y valoración suficiente de estas herramientas por parte de los ciudadanos en general”.